sábado, 10 de agosto de 2013

Es normal unificar criterios

 Eso de que es costumbre que los ministros y los jueces que ven causas en las que el Estado es parte interesada, teniendo el auspicio del presidente de la Corte Suprema, es como para dejar de creer en muchas cosas. Pongamos un caso: en la demanda constitucional de acción popular que la congresista Susana Vilca y su asesor Mario Hancco presentaron ante la Cuarta Sala Civil del Poder Judicial, para anular los efectos de los decretos 050-2005 EM y 006-2006-EM, violatorios de la ley del gas, por la cual se pudo embargar una parte sustancial de las reservas del Lote 88, se produjo un fallo un año después que daba la razón a los demandantes. En síntesis, el tribunal, definió que era cierto que el gobierno de Toledo violó con los dos decretos dictados por PPK, el contenido explícito de la ley que asignaba todo el contenido del lote descubierto por la Shell al mercado nacional.
El 16 de diciembre del 2011, a los pocos días de la salida del gabinete Lerner, la demanda Vilca-Hancco fue declarada procedente. Ante lo cual, la ahora excongresista Vilca, funcionaria del ministerio de Energía y Minas se desistió, convirtiéndose en la primera ganadora de una causa que deja de pelearla, y el gobierno de Humala, que había sido el que impulsó la presentación del escrito, apeló a través del ministro Merino ante la Corte Suprema. Por supuesto que era un caso de antología en la que el presidente apelaba lo del candidato, y ambos eran la misma persona. Pero lo que ahora nos inquieta es que el argumento para defender los decretos ilegales, era que el Estado tenía otro procedimiento para entenderse con Plus Petrol y que no era necesario patear el tablero para llegar a un acuerdo. Al margen que esto resultó en una farsa después que el gobierno anunció una recuperación conversada, hizo desfilar soldados, lanzó discursos, emitió un decreto supremo, y pasó un año y Plus Petrol no firma el compromiso de devolución que tampoco tiene fecha fija ni establece procedimientos y es pura declaración de intenciones, el asunto neto era que habían decretos ilegales y por lo menos un ciudadano haciendo uso de su derecho a evidenciar el acto inconstitucional que eso representaba. Eso debía resolver el Poder Judicial y el Ejecutivo estaría obligado a ejecutarlo. Pero la Suprema encontró la manera de decir que los decretos en vez de ser las normas públicas y generales que todos sabemos que son, eran en realidad el marco de un convenio privado entre Perupetro y Camisea, sobre el que nadie más que ellos podía opinar. O sea anuló el fallo de la Cuarta Sala y le regaló el gas a los exportadores. Sólo que ahora da ganas de preguntar si alguien les dijo que lo hicieran por el Perú, como en el caso Chavín de Huántar. 10.09.13 www.rwiener.blogspot

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