jueves, 21 de noviembre de 2013

PNP AL SERVICIO DE INTERESES PRIVADOS

tomado del diario La Pimera
 José De Echave
 El escándalo que estalló alrededor del caso López Meneses y que ha mostrado cómo un operador de la mafia que gobernó el país en la década del 90 tenía un impresionante resguardo policial en su domicilio, ha sido descrito por el Presidente de la República como un caso de prácticas irregulares y corruptas de la Policía Nacional. Al margen de si esta es la explicación más certera y completa para el caso mencionado, lo que es cada vez más evidente, para el común de los peruanos, es que la PNP se ha convertido, y no de ahora, en una institución prestadora de servicios privados a nivel nacional. Una peligrosa tendencia que cada vez la aleja más de su misión institucional y del servicio público que debe asumir. Esto se ve, no solo en Lima, sino también en las principales ciudades, y no solo en las puertas de los bancos, sino también resguardando las viciosas Tragamonedas, que los llaman "casinos".
También observamos que la PNP protege, por ejemplo, a constructoras abusivas que ocupan las vías públicas, interrumpen el tráfico y hasta destruyen pistas y veredas. Y en las zonas rurales quizás el mejor ejemplo es el de la PNP dando servicios especiales de seguridad a las "pobrecitas" empresas mineras. Estos servicios se realizan bajo el esquema de los denominados Servicios Extraordinarios Complementarios por los cuales la PNP ofrece protección a personas naturales o jurídicas, sean éstas públicas o privadas, así como a entidades públicas en general y empresas de propiedad del Estado a nivel nacional. Denuncias periodísticas han señalado que la Policía peruana habría firmado por lo menos 13 contratos secretos con igual número de empresas extractivas, principalmente mineras, entre las que figuran Antamina, Yanacocha, Xstrata, Sulliden, Gold Fields La Cima, Santa Luisa, entre otras. Ante cualquier abuso cometido por estas empresas mineras, contra sus trabajadores, acude la PNP no a poner orden y hacer que se cumpla la Ley en favor de los afectados, sino maá bien en favor de los causantes y con prepotencia, mal utilizando sus armas, gases, se lo tiran directamente al rostro de los trabajadores, y no al aire, como afirman después, y luego resulta que aparecen 1 , 2 10, 20 asesinados de "casualidad", y heridos por cientos. Esta situación, que se reproduce alarmantemente en diferentes regiones del país, no solamente tiene como efecto que una entidad fundamental del Estado, como la Policía Nacional, proteja de verdad a los que verdaderamente les pagan sus servicios, sino que la población le pierda confianza a la actuación del Estado y vea a sus instituciones como actores que carecen de toda neutralidad, que actúan de manera parcializada y que no responden ni por asomo al interés público, a los intereses del Pueblo, de las grandes mayorías. Hechos recientes muestran esta situación de una manera dramática. Un video acompañado del respectivo audio, presentado por la institución GRUFIDES, muestra como un policía le responde a una pobladora de Cajamarca en pleno conflicto de Conga: La ciudadana le reclama al policía por el trato excesivamente violento hacia la población y el policía le responde: los tratamos así porque son unos perros, a lo que agrega un improperio de grueso calibre, una lisurota que para ellos es normal, suponemos que lo hacen porque reciben instrucciones de su Jefe, que piensa igual. En la localidad de Espinar, en medio del conflicto que estalló en mayo de 2012, la policía mantuvo detenidos a 23 pobladores dentro de las instalaciones de la empresa Xstarata, denunciándose maltratos y torturas. Como consecuencia del conflicto en Espinar murieron tres pobladores y otros 100 fueron heridos. Esta irregular actuación de una institución, como la PNP, que debe preservar el orden público y que por ningún motivo debería responder a intereses privados, debe terminar cuanto antes. Los denominados Servicios Complementarios que presta la Policía a entidades privadas como las grandes mineras, no solo distorsiona su misión institucional, sino que genera un enorme espacio para la corrupción, afecta derechos básicos del Pueblo y abre mayores grietas de desconfianza entre el Estado y la población. Hoy, quie tenemos un nuevo Primer Ministro, se espera que pónga fin, de inmediato, a esta irregular actuación de la PNP.

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